- Las familias tratando de salvar sus vidas y su patrimonio.
- El destrozo producido por las maquinas de la Empresa Noroeste SA en complicidad con la policìa.
- Las familias Diaguitas con sus casas destruidas.
El día 17 de diciembre de 2010 a las 8,00 hs, 30 policías al mando del comisario Laínez y la oficial Milena López ingresaron de manera violenta al Territorio ancestral de la Nación Diaguita en la Comunidad de Las Pailas (departamento Cachi – SALTA), con el objeto de llevar adelante una orden de desalojo emitida por el juzgado correccional y de garantías Nro 8 a cargo de la Jueza Mónica Graciela Faber a favor del terrateniente Robles quien dice ser el dueño del territorio de la comunidad.
El hecho se concretó desalojando violenta e ilegalmente a las familias de Osvaldo Liquín, Gerardo Mamaní, Quintina Prieto, Quintín Cruz y de Andrés Mamani quienes habitan en el territorio desde siempre, con el agravante de que sobre el desalojo forzoso de las familias Diaguitas por parte de los policías, maquinas de la empresa NOROESTE SA comenzaron a destruir de manera salvaje las viviendas, el patrimonio arqueológico y la biodiversidad de la comunidad, sus sembradíos, huertas frutales, cercos, corrales y cada bien de los comuneros.
Esta violación a los derechos de los pueblos indígenas cuenta con la complicidad de jueces que pretenden desconocer el derecho a la preexistencia de los pueblos originarios a favor de sus intereses particulares pues en muchos casos son juez y parte.
Estos hechos constituyen una violación flagrante a nuestros derechos territoriales como pueblos originarios, consagrados en la Constitución Nacional Art. 75. Inc. 17. Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), Declaración Universal de los Derechos Pueblos indígenas de la O.N.U., Derechos Consuetudinarios como Pueblos preexistentes. Desconociendo la ley 26160 y 26554 que suspende todos los desalojos en los Territorios Indígenas y previendo un relevamiento territorial de los territorios de los Pueblos y sus comunidades.
Responsabilizamos al Estado Provincial de SALTA por la inoperancia de sus órganos facultados para dar respuestas concretas de políticas públicas para los pueblos indígenas, como lo es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas – IPPIS – órgano preocupado en ver como elude las causas judiciales y como disimula su incapacidad en cumplimentar el convenio firmado con el INAI para llevar adelante el relevamiento territorial de la ley 26160, donde sobre 500 comunidades indígenas (RENACI) que posee la provincia, solo se han podido presentar 6 carpetas para su evaluación en 2 años de ser el órgano ejecutor del relevamiento.
La Sub-secretaria de Pueblos Originarios quien debe tener una gestión acorde a los tiempos de los pueblos y de las sociedades que se proyectan en un mundo de igualdad y equidad y no contar en su gestión con personajes sacados de la historia más repugnante del país donde su conocimiento sobre los pueblos lo han tomado de la escuela de Sarmiento y Roca.
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas quien debe cumplimentar de manera inmediata el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus instituciones representativas.
La Secretaria de Gobierno de la Provincia de Salta quien debe hacer cumplir efectivamente los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Secretaria de Derechos Humanos que debe velar por todos los derechos humanos y cumplir con sus objetivos fijados. “…la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general.”
Exigimos a los organismos nacionales responsables como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de DDHH; el INADI, a intervenir de manera urgente para dar cumplimiento efectivo de los Derechos de los Pueblos Originarios y brindar soluciones políticas necesarias e inmediatas, los pueblos no seremos una vez más los relegados y los olvidados de siempre.
Solicitamos a las Organizaciones Territoriales Indígenas, a las Organizaciones Sociales y Políticas que acompañan con lealtad, hermandad y respeto la lucha de los pueblos a enviar sus adhesiones en repudio a este avasallamiento de nuestros derechos y comunicarse con el Juzgado Correccional y de garantías Nº 0387-4258022/8000 interno 1720. Comisaría: 03868-491048 comisario Héctor Leinen
Contactos: uniondiaguitasalta@gmail.com TEL: 0387-154046787
Comunicación UPND-SALTA
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